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Art.40-
La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin
el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a
los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, po-
drá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad,
en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los limites
fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Consti-
tución.
Salvo la importación y exportación que estará a cargo del estado,
de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley,
toda actividad económica se organizara conforme a la libre iniciativa pri-
vada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los
mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente
los beneficios
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de
carbón y gas, y las demás fuentes de energía, con excepción de los
vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Na-
ción, con la correspondiente participación en su producto que se
convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo
ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su ex-
plotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán trans-
feridos al Estado, mediante compra o expropiación con indemniza-
ción previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios pú-
blicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación,
menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido
desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ga-
nancia razonable que serán considerados también como reintegración del
capital invertido.”…
De más esta decir que esta parte de la constitución y mejor dicho toda la
Constitución Justicialista de 1949 fue derogada por el gobierno de facto
instaurado en 1955.
