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liza y vacía de contenido cuando se propicia la adopción de medidas
como las que aquí criticamos, las que precisamente generan un es-
tado de cosas que en el mediano o en el largo plazo estallará,
aunque en las manos de sus creadores y generalmente cuando su
nombre poco se recuerda. Por lo demás, mal condice la repatria-
ción de científicos
(producto del fenómeno otrora conocido como “fuga
de cerebros”)
, que constituye política de Estado para la actual ad-
ministración nacional, con medidas que, cuando esos
“cerebros”
han
permanecido en el país o regresan a él, llevan a su desprecio y a su
virtual declaración de prescindencia,
Que ya en la faz institucional, debemos resaltar que los Colegios
de Arquitectos de todas las provincias argentinas pueden dar mues-
tras concretas de tal circunstancia, ya que han sido ellos quienes,
ejerciendo la representación de sus matriculados, han celebrado
innumerables convenios de colaboración con todos los niveles del
Estado
(nacional, provincial o municipal)
: al mero título ejemplificativo
pueden señalarse los concursos públicos de arquitectura, evidencia
palmaria de que las cosas funcionan perfectamente sin necesidad
de acudir a ningún
“consultor privilegiado”
(léase profesionales privile-
giados, por encima de la constitución y las leyes -porque no por obvio ha de
olvidarse que una universidad no puede ejercer una profesión, siendo como
es una persona jurídica-).
Que finalmente, cabe puntualizar que existe un antecedente nacio-
nal, a la sazón el decreto de necesidad y urgencia de la administra-
ción Duhalde identificado con el
n° 2508/02
,
que generó un virtual
monopolio estatal y debió ser abrogado precisamente a causa de los
efectos nocivos aquí denunciados.
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